El 12 de diciembre de 2024 entra en vigencia la reforma a la Ley N° 19.886 sobre Compras Públicas, introduciendo cambios que transforman cómo el Estado evalúa y selecciona a sus proveedores. Adaptarse a estos cambios puede significar más y mejores oportunidades de negocio en el sector público.
A continuación, te explicamos de qué se trata esta ley.
Nueva Ley de Compras Públicas: lo que debes saber en 1 minuto
30 de octubre 2023
Por Antonio Leiva y Fernando Fernández
El 12 de diciembre de 2024 entra en vigencia la reforma a la Ley N° 19.886 sobre Compras Públicas, introduciendo cambios que transforman cómo el Estado evalúa y selecciona a sus proveedores. Adaptarse a estos cambios puede significar más y mejores oportunidades de negocio en el sector público.
A continuación, te explicamos de qué se trata esta ley.
1. ¿Por qué importan los cambios en la Ley de Compras Públicas?
La reforma moderniza la forma en que el Estado evalúa y selecciona a sus proveedores, incorporando criterios que van más allá del precio, como la igualdad de género, el impacto social y la inclusión.
También otorga beneficios específicos a las empresas de menor tamaño (EMIT), facilitando su participación en licitaciones mediante procedimientos simplificados, criterios de evaluación favorables y mayores oportunidades de contratación con el Estado.
2. ¿Cuáles son los principales cambios para los proveedores?
La reforma moderniza la forma en que el Estado evalúa y selecciona a sus proveedores, abriendo más y mejores oportunidades para las empresas de menor tamaño. Ahora, además de considerar el precio, se valoran criterios como la igualdad de género, el impacto social, la inclusión y la participación de empresas regionales.
En particular para las empresas de menor tamaño EMT, esto significa un entorno más justo y accesible, ya que la ley contempla procedimientos simplificados, criterios de evaluación favorables y un marco legal que protege mejor a los proveedores frente a actos ilegales o arbitrarios. En concreto, los principales cambios son:
- Expansión del mercado estatal: más organismos están obligados a regirse por la ley, generando un mercado más amplio y competitivo.
- Nuevos criterios de evaluación: se prioriza el liderazgo femenino, la igualdad de género, el impacto social y la participación de empresas regionales.
- Nuevos procedimientos de compra: como la compra ágil, la compra por cotización y los contratos para innovación.
- Fortalecimiento de la protección al proveedor: mayores atribuciones del Tribunal de Contratación Pública para impugnar actos ilegales o arbitrarios en todas las etapas de contratación.
3. Perfeccionamiento y creación de nuevos procedimientos especiales de contratación
Estos procedimientos facilitan la adquisición de bienes y servicios específicos, promoviendo eficiencia, ahorro y sustentabilidad, con un enfoque en beneficiar a pequeñas empresas y proveedores locales. Incluyen la Compra Ágil, Compra por Cotización, Convenio Marco, Contratos para la Innovación, Diálogo Competitivo de Innovación y Subasta Inversa Electrónica, entre otros, regulados para situaciones particulares. Estas estrategias aseguran una contratación transparente y eficaz, reduciendo los costos transaccionales. Estos mecanismos son excepcionales (la licitación pública es la regla general) y se aplican en los casos permitidos por la ley y el reglamento.
4. Recomendaciones para los oferentes
Con esta ley, el Estado se ha comprometido a elevar los estándares de probidad, integridad y transparencia de las Compras Públicas, representando una buena noticia para el país. No obstante, ello significa una modificación importante en las reglas del juego y en el mercado, dos cosas a las cuales los oferentes deben adaptarse.
Para navegar estos cambios los oferentes deberían:
- Analizar sus procesos de venta y adaptarlos a estos cambios para evitar contingencias legales, comerciales y financieras asociados al incumplimiento de estas reglas.
- Capacitar a su equipo comercial para comprender la reforma e identificar oportunidades y desafíos.
- Implementar un programa de integridad conocido por todo el personal, haciendo al oferente más competitivo. No se debe recurrir a atajos como «GTP Chat» o «copy+paste». Ello puede acarrear consecuencias graves, como la pérdida de oportunidades de licitación, en el mejor de los casos, o la suspensión o eliminación de la capacidad de proveer al Estado, en el peor de los escenarios.
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