El mercado educacional tiene un alto grado de regulación y fiscalización, particularmente en el segmento de la Educación Superior. En este sentido, este combina una serie de normas sectoriales y con la Ley sobre Protección a los Derechos de los Consumidores.

Atendida lo anterior, las Instituciones de Educación deben contar con mecanismos preventivos que permitan mitigar contingencias relacionados con el incumplimiento de esta normativa.

Como equipo contamos con amplia experiencia en el mercado educacional, asesorando a Instituciones de Educación Superior más importante del país en materia de gestión de reclamos, mediaciones colectivas (predecesoras de los actuales Procedimientos Voluntarios Colectivos), contratación electrónica, juicios y programas de cumplimiento.