El mercado educacional tiene un alto grado de regulación y fiscalización, particularmente en el segmento de la Educación Superior, donde se combinan una serie de normas sectoriales con la Ley sobre Protección a los Derechos de los Consumidores.

Atendido lo anterior, las Instituciones de Educación deben contar con mecanismos preventivos que permitan mitigar contingencias relacionadas con el incumplimiento de esta normativa.